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Una nueva ley de arrendamientos
Frente al avance de la agriculturizacion y los nuevos actores en el desarrollo agricola y los nuevos contratos de hecho de arrendamientos y aparceria la Diputada Nacional Susana Garcia desgrana en sus fundamentos los motivos del cambio.
 
         El régimen legal sobre Arrendamientos Rurales se consolida en 1921 con la sanción de la Ley 11.170 que avanza en cuatro aspectos:
   1. Asegurar estabilidad.
   2. Indemnizar por las mejoras introducidas por el arrendatario.
   3. Establecer la inembargabilidad de los instrumentos y animales de trabajo.
   4. Dar la libertad de contratar, comerciar y vender sus productos.
   Entre 1927 y 1928 se presentaron varios proyectos que procuraron modificar la Ley 11.170 que son antecedentes de la Ley 11.627 de 1932.
   La década del 40 debe hacer frente, en materia de arrendamientos rurales, a diversos problemas: poner tope a los máximos precios de locación y prohibir los desalojos por vencimiento de contrato o por arrendamientos impagos.
   En 1942, la Ley 12.771 limita la renta y la llamada libre contratación.
   El 14 de marzo de 1942 se crea la División de Arrendamientos y Aparcerías Rurales en la órbita del Ministerio de Agricultura. Esta División debía entender en los problemas ligados al desalojo de colonos provocado por la transferencia de las explotaciones rurales de agrícolas en ganaderas y la extensión de la desocupación en el ámbito rural.
   En noviembre de 1943 se sanciona el Decreto 14.001 que deroga la Ley 12.771.
   Podemos generalizar y decir que, en estas décadas, los motivos de preocupación que obligan a plantear una legislación más adecuada, están insertos en "la cuestión social" que, en el campo, estaba atravesada por el riesgo de un conflicto social significativo. (1)
   La Ley 13.246 ,sancionada el 8 de septiembre de 1948, tuvo como objetivo establecer una normalización contractual que tutelara al arrendatario (productor rural) frente al arrendador (terratenientes) usualmente propietario de grandes extensiones territoriales. Dicha Ley se inspiró en la necesidad de tutelar la producción y en la protección del productor agropecuario, haciendo hincapié en los aspectos técnicos, económicos y sociales de la explotación.
   Entre los aspectos más sobresalientes de la Ley podemos citar, siguiendo a Brebbia (2) :
   - Tipificó las figuras contractuales que tienen igual función económica.
   - Consolidó una colaboración armónica entre el capital y el trabajo en cuanto revisten una función instrumental para la realización de la empresa agraria, procurando al empresario el disfrute del fundo con fines productivos.
   En octubre de 1980 fue modificada por la Ley 22.298, que es la que actualmente rige. El nuevo texto tiende a modernizar la legislación referente al arrendamiento y aparcería, debido a los cambios observados en los modos de producción. A partir de los años 60 y 70 comenzó la transformación de arrendatario en contratista, figura que disponía de bienes de capital y necesitaba movilizar amplios recursos financieros. Este proceso se profundiza en los noventa frente al cambio del productor por la empresa agropecuaria, alterándose sensiblemente la estructura de poder entre el arrendador y arrendatario en relación a la existente en 1948 cuando se promulgó la Ley 13.246.
   Los cambios operados por la Ley 22.298 apuntaron a minimizar la participación oficial y dieron mayor trascendencia a los acuerdos entre partes. La Ley 22.298 deroga 24 artículos de la Ley 13.246 y modifica otros 14. Dentro de las modificaciones:
   Artículo 4: se disminuye a tres años el plazo mínimo de los contratos de arrendamiento y aparcería.
   Artículo 8: se elimina la participación del Ministerio de Agricultura en su intervención frente a los problemas de explotación irracional del suelo.
   Artículo 39: se eleva a dos años el plazo máximo de los contratos de carácter accidental y se establece que debe mediar un año, entre la celebración del nuevo contrato, para no estar incluido en las condiciones de la Ley 22.298.
   La situación actual permite observar una importante difusión de contratos de arrendamiento efectuados por empresas agrícolas (arrendatarios), con productores medianos y grandes, muchos de los cuales registraron una fuerte descapitalización durante los años noventa. En general estos contratos se insertan en el proceso de sojización del sector agrícola debido a las facilidades del manejo del cultivo con materiales transgénicos, elemento muy significativo para las empresas agrícolas de alta escala que cultivan, en forma simultánea, predios arrendados en diferentes regiones del país.
   Los modelos de los contratos se definen como "Contratos Accidentales por una cosecha del ciclo XX/XX dentro del marco de la Ley 22.298, siguiendo las siguientes condiciones:
   1. El período pactado finaliza con la cosecha del lote.
   2. El arrendatario devolverá el lote con el rastrojo y las instalaciones en el mismo estado de conservación en el que había sido recibido.
   3. El arrendatario puede hacer todos los tratamientos de herbicidas que crea convenientes para el buen estado del cultivo.
   4. El precio del arrendamiento se estipula en quintales de soja.
   En ese sentido, consideramos que la Ley 13.246, en su texto anterior, era más clara a la hora de tipificar que los contratos accidentales quedaban excluidos de la Ley de arrendamientos, pero eran contratos que se pactaban por una sola cosecha. Estaban acotados en tiempo.
   La Ley vigente establece, con un criterio rígido, que la renta debe consistir ineludiblemente en un precio en dinero. No es posible ignorar que gran parte de los contratos que se realizan hoy se estipulan en base a una entrega de una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero. Atendiendo a la realidad y sin modificar el carácter conmutativo del contrato de arrendamiento se adopta una fórmula más amplia que contempla la posibilidad de que la renta sea estipulada en un precio en dinero, en moneda de curso legal o extranjera, como así también en especie, ya sea mediante la entrega de una cantidad fija de frutos o su equivalente en dinero (cláusula que prohíbe la Ley actual).
   En principio notamos que la actual modalidad de arrendamiento no garantiza la rotación y hace que producciones regionales se vayan perdiendo ante el avance de monocultivos
   Entre 1988 y 2002, el número total de empresas agropecuarias del país se redujo en un 21%, con el correspondiente aumento del 23% en la superficie media de éstas. Estos cambios fueron aún más notables en las provincias pampeanas, donde los aumentos de tamaño oscilan (según las provincias) en 30 y 40%. Otro dato interesante es que la producción en campos arrendados está en el orden del 40 a 50%. (3)
   Es claro que el arrendatario actual no es el mismo de la Ley de 1948: hoy hay grandes grupos capitalistas que arriendan miles de hectáreas de campo y también están pidiendo que los contratos se hagan a más largo plazo y menor precio.
   El problema central está referido a la necesidad de instrumentar efectivamente un uso racional del suelo y garantizar la preservación del medioambiente. La Ley 13.246 establecía que quedaba prohibida toda explotación irracional del suelo y también lo contempla la Ley 22.298 modificatoria de la mencionada anteriormente. Sin embargo, las dos prevén la acción pública después de ocurrido el daño. La acción pública debe ser preventiva. Esto implica establecer condiciones técnicas por zona y por cultivo monitoreadas por el INTA.
   En el contexto actual es indudable que la Ley de Arrendamientos Rurales requiere modificaciones que respondan a los nuevos tiempos. Consideramos que la SAGPyA debe ser incluido como organismo encargado de definir las condiciones técnicas referidas a las prácticas conservacionistas que deben atender todos los contratos de arrendamiento.
   El tiempo de duración de los contratos: analizar cuál es el que mejor permite un control sobre el uso racional y la conservación de los suelos. Consideramos que un contrato de mayor plazo puede ser condición relevante para planificar el uso y conservación del suelo. El término establecido por la anterior Ley parece prudente. No hay justificación para atender las argumentaciones que redujeron el plazo. Un plazo mayor se basa en la necesidad de racionalizar las explotaciones y preservar la continuidad de la empresa agraria.
   Consideramos que es conveniente reinsertar la cláusula de prórroga opcional por tres años más.
   Por ello planteamos volver a considerar un plazo mayor. Dicho plazo se fija en cuatro (4) años.
   El plazo de los contratos en el Derecho Comparado es un punto central. Italia plantea un plazo de seis (6) a quince (15) años; España prevé una duración mínima de seis (6) años.
   La explotación racional que el arrendatario o aparcero debe realizar, sólo es posible en la medida en que la empresa agraria emergente del contrato cuente con la estabilidad necesaria en el predio durante un ciclo agrícola completo. Razones de orden técnico, económico y social coinciden en la regulación del plazo del arrendamiento de modo que se garantice la estabilidad de la empresa y se le permita al empresario compensar los resultados de las distintas cosechas producidas dentro de un determinado ciclo agrícola y que, además, pueda realizar y aprovechar las mejoras útiles para la explotación, alternar los cultivos para preservar el suelo y llevar adelante la explotación con sentido productivo.
   Es importante introducir aquí la necesidad de ser claros en lo que se refiere a la forma del contrato: deben ser escritos e inscriptos en el Registro de Contratos Agropecuarios.
   El artículo 8 de la Ley reformada por la Ley 22.298, prohíbe toda explotación irracional del suelo que origine su erosión o agotamiento, no obstante cualquier cláusula en contrario que contengan los contratos, y en caso de violarse esta prohibición por el arrendatario el arrendador podrá rescindirlo o solicitar que cese esta actividad y, si la erosión o agotamiento se produjere por caso fortuito o fuerza mayor, la rescisión puede ser solicitada por cualquiera de las partes. La mencionada Ley quitó la palabra degradación y sólo consideró erosión o agotamiento. Con posterioridad a la reforma citada, se reformó la Constitución Nacional en 1994 y su Art. 41 dice: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
   Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales". (4)
   Queda absolutamente claro que el espíritu de los convencionales plasmó, en la letra constitucional, la obligación del Estado de prevenir un uso irracional de los recursos naturales.
   Por ello, una nueva Ley de Arrendamientos y Aparcerías rurales no puede dejar de plantear cuáles son los mecanismos de control efectivo para garantizar un uso racional del suelo.
   La sustentabilidad tiene un costo para el productor y para la sociedad. La duración de los contratos de arrendamiento debería ser suficiente para que los costos y beneficios de la sustentabilidad se puedan compartir con distintos actores del sistema productivo y con la sociedad.
   La actual modalidad de arrendamiento por un año no garantiza la rotación y hace que las actividades productivas se vayan perdiendo ante el avance del monocultivo.
   Esto implica necesariamente restringir los contratos accidentales y establecer la obligatoriedad de rotación de cultivo y conservación del suelo y agua.
   Coscia, en Agricultura Sustentable, pág. 11, plantea la necesidad de preservar los recursos naturales, entre ellos, los vinculados a la agricultura.
   Desde el punto de vista moral, cada generación tiene la obligación de preservar los recursos naturales recibidos de sus mayores y legarlos, con el mismo o mayor potencial productivo, a sus hijos. De allí la expresión del INTA en su Plan de Tecnología Agropecuaria 1990-95: "producir conservando".
   La agricultura no puede desenvolverse fuera de las normas establecidas para la tutela del ambiente porque agricultura y naturaleza están siempre indisolublemente unidas ya que el medio en que se desarrolla la agricultura es justamente la naturaleza. Si se deteriora la producción por una explotación irracional, se resiente el recurso natural que termina por agotarse. El camino debe ser decididamente hacia una agricultura sustentable que tenga en cuenta evitar el creciente deterioro de los recursos naturales cuyas manifestaciones son diversas: erosión, salinización de las tierras irrigadas, desertificación de áreas semiáridas, degradación de los recursos forestales, contaminación de las aguas, disminución de la diversidad genética y la extinción de especies y contaminación de alimentos. En la medida en que los recursos básicos se degraden o erosionen, la agricultura irá perdiendo su sostenibilidad en el tiempo. (5
   (1) Lázaro, Silvia, Estado y arrendamientos rurales durante la década de 1940: los perfiles de una tensa relación, CONICET-CHR/UNLP
   (2) Brebbia, Fernando, Introducción al Derecho Agrario Comparado, UNR Editora, Rosario, 2002, pág. 151
   (3) Manifiesto de Paraná 2004 elaborado por César Quinteros, Graciela Boschetti y Eduardo Díaz, miembros de la Comisión Organizadora del XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Paraná, Agosto 2004
   (4) Constitución Nacional, 1994
   (5) Brebbia, Fernando, Derecho
   
   
Por Susana Garcia. Diputada Nacional por Santa Fe.
 
 
 Ver también
 - La legislación actual está desfasada
 Por Eduardo Martínez Ferrario, Profesor de Administración Rural de la Universidad de Belgrano
 - El papel de los contratos de arrendamiento
 Por Daniel Lema, Investigador del Instituto de Economía y Sociología, INTA
 - "Los sin tierra, por los caminos de América"... del Norte
 Por Dr. Carlos Jorge González, de AgroParlamento.com
 - Tenencia de la tierra y cuidado del suelo
 Por Marcos Gallacher, profesor de la Universidad del Cema.
 - Los riesgos de la subdivisión predial
 Por Ana Clara Moresco y Luciana Soumoulou, abogadas especialistas en derecho agropecuario.
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